Unicef alerta del aumento de menores explotadas sexualmente en España

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UNICEF revela que en España la modalidad de trata que más víctimas registra es la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, siendo mujeres y niñas las principales afectadas, y la mayor parte de ellas extranjeras. “Por ello, es necesario entender la trata desde una perspectiva de género”, afirman en su Cuaderno para el debate 5 “Son niños y niñas, son víctimas. Situación de los menores de edad víctimas de trata en España”.

La Trata en Europa y España
Según datos de EUROSTAT (la Oficina Europea de Estadística), entre 2010 y 2012 se registraron 30.146 víctimas en los 28 Estados miembros, de las que el 16% fueron niños (niñas un 13%, niños un 3%). Más de 1.000 de estos menores eran víctimas de trata con fines de explotación sexual, y el 65% de todas las víctimas eran ciudadanos de la UE.

Según los datos del Ministerio del Interior español las víctimas de trata con fines de explotación sexual representaron en el 2015 el 50% del total (133 víctimas identificadas), y el otro 50% las víctimas de trata con fines de explotación laboral (134).

Esta distribución cambia en la información que publica la Fiscalía General del Estado. De las 96 Diligencias de Seguimiento del delito de trata abiertas en el año 2015, constan 978 presuntas víctimas de trata con fines de explotación sexual, al menos 92 presuntas víctimas de explotación laboral, 22 de explotación para la mendicidad y 3 para matrimonios forzados. La mayoría de las víctimas son mujeres en el caso de la explotación sexual (96,11 %) y extranjeras (91,53 %), provenientes de países como Rumanía, Nigeria, Paraguay o República Dominicana.

Todas las presuntas víctimas de trata con fines de matrimonio forzado son mujeres menores de edad, y todas las víctimas de trata con fines de mendicidad provienen de Rumanía.

Estas cifras están muy lejos de las estimadas por las organizaciones que trabajan con esta realidad, que por ejemplo calculan que entre 40.000 y 50.000 mujeres son víctimas de trata con fines de explotación sexual en nuestro país.

Aumenta también el número de menores de edad obligadas a prostituirse. En la estadística de la Unidad de Extranjería de la Fiscalía General del Estado detectaba en 2015 a 45 menores, nueve más que en 2014.

Inmigración, mujeres embarazadas y extorsión
UNICEF señala que muchas víctimas han llegado a España a bordo de lanchas o pateras que logran alcanzar las costas de Motril, Almería o Tarifa así como de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

El informe indican que es en 2008 cuando empiezan a detectarse llegadas a las costas españolas de mujeres subsaharianas indocumentadas con indicios de ser víctimas de trata, embarazadas y/o con menores muy pequeños a su cargo. “Si bien al principio se presentaban dudas sobre la filiación entre las mujeres y los niños, al comenzarse a realizar pruebas de ADN los casos en los que no existe filiación han descendido. Actualmente, la mayor parte son madres biológicas de los niños que tienen a su cargo”.

La mayoría de estas mujeres proceden de Nigeria y países de la zona (Camerún, Ghana). “Allí, con la intención de emigrar, han realizado un contrato de vudú (en su mayoría) y adquirido una deuda que oscila entre los 20.000-60.000 euros, cantidad que ignoran hasta que llegan a nuestro país. Aquí también descubren que están obligadas a pagar ejerciendo la prostitución, bien en ciudades españolas o en los invernaderos de Andalucía, bien en otros países a los que serán enviadas – Alemania, Francia, Dinamarca, Islandia-. Hasta que no terminen de pagar esta deuda no están “limpias” y no serán libres”.

Estas mujeres ya han sido explotadas durante el viaje. Sus embarazos y partos no son decididos por ellas, sino por la red, que ven en estos niños una oportunidad para evitar la expulsión de las madres y una manera eficaz de coaccionar a la mujer.

Los primeros datos oficiales que corroboran la existencia de estos bebés o niños de corta edad acompañados de adultos que afirman tener vínculo paterno-materno con ellos han sido publicados en la Memoria de la Fiscalía del año 2015, donde se especifica claramente la situación de riesgo y extrema vulnerabilidad que viven los 145 niños detectados.

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